Tras doce días de incertidumbre, el gobierno venezolano liberó el martes 26 de agosto a cinco ciudadanos colombianos detenidos desde el 14 de agosto en la frontera con Táchira. Entre ellos se encontraban cuatro firmantes del Acuerdo de Paz que ejercían como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un contratista estatal vinculado a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La entrega se realizó en el puente internacional Atanasio Girardot, en presencia de autoridades consulares y representantes de la ARN.
La retención ocurrió luego de que el grupo participara en un evento institucional en Fortul, Arauca, y cruzara a Venezuela con fines turísticos. Según fuentes oficiales, los escoltas portaban armas de dotación sin los permisos requeridos para ingresar al país vecino, lo que motivó su detención por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Tras aclarar su situación legal, las autoridades venezolanas devolvieron las armas y autorizaron su retorno a Colombia, donde fueron recibidos en buen estado físico y emocional.
La ARN agradeció públicamente la gestión de la Cancillería, la Embajada de Colombia en Venezuela y el partido Comunes, destacando que su intervención fue clave para garantizar la seguridad de los liberados. El caso reabre el debate sobre los protocolos de movilidad transfronteriza para excombatientes en proceso de reincorporación, así como sobre el papel de los canales diplomáticos en contextos de tensión política entre Bogotá y Caracas.
Más allá del incidente, la liberación simboliza un gesto de distensión en medio de relaciones bilaterales marcadas por altibajos. ¿Qué garantías existen para que hechos como este no se repitan? ¿Cómo se protege a quienes encarnan el proceso de paz en territorios de frontera? Las respuestas, por ahora, siguen cruzando el puente.