Durante la instalación del nuevo periodo legislativo el pasado 20 de julio, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, protagonizó uno de los actos más polémicos de la jornada: se puso una máscara de Papá Pitufo en plena sesión del Congreso, mientras el presidente Gustavo Petro pronunciaba su discurso. El gesto, cargado de simbolismo, fue una forma de denunciar los presuntos nexos entre la campaña presidencial de Petro y el contrabandista Diego Marín Buitrago, apodado justamente Papá Pitufo, quien habría girado 500 millones de pesos a través del político catalán Xavier Vendrell.
Uscátegui acusó al mandatario de no haber perseguido judicialmente al “mayor contrabandista de Colombia”, quien quedó en libertad en Portugal y nunca fue extraditado. “Presidente Petro, no sea mentiroso. Usted nunca persiguió al zar del contrabando. Al contrario, quedó libre y jamás fue extraditado”, exclamó el congresista, mientras mostraba la máscara azul ante el pleno legislativo. El acto fue calificado por algunos como “ridículo” y por otros como “valiente”, generando una ola de reacciones en redes sociales y reabriendo el debate sobre los límites de la protesta simbólica en el Congreso.
Tras el incidente, Uscátegui denunció haber recibido amenazas de muerte en sus redes sociales, incluyendo mensajes que aluden al caso judicial de su padre, el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, por la masacre de Mapiripán. El congresista exigió protección a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, mientras la controversia sobre la financiación de campañas políticas y la infiltración de dineros ilícitos vuelve a sacudir el escenario institucional. ¿Fue un acto de sabotaje o una denuncia legítima que el país no puede seguir ignorando?