Mientras la zona binacional entre Colombia y Venezuela se consolida como uno de los legados más controversiales del gobierno Petro, sectores políticos y económicos empiezan a advertir su impacto en soberanía, fiscalización fronteriza y poder regional. Lo que inició como una apuesta por la integración y la paz territorial ha derivado, según críticos, en una alianza funcional con el régimen de Maduro que normaliza prácticas autoritarias e intereses opacos en la frontera.
La posible precandidatura de Álvaro Uribe en 2026 aún no oficial pero ya debatida en círculos uribistas es vista por algunos como un giro radical que rompería ese modelo de cooperación binacional. Su historial de confrontación con Venezuela y defensa férrea de la seguridad nacional le da peso a la idea de una reconfiguración total de las relaciones Colombo-venezolanas. ¿Sería el regreso del enfoque militarista y restrictivo o una oportunidad para auditar los pactos heredados?
Más allá de preferencias ideológicas, lo cierto es que la frontera norte se ha convertido en un tablero geopolítico que trasciende el comercio y la movilidad. La pregunta no es solo quién gobernará Colombia en 2026, sino qué modelo de frontera queremos: ¿una zona de integración supervisada con garantías democráticas o un corredor político vulnerable a intereses bilaterales sin escrutinio ciudadano?