La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda que podría frenar la implementación de la polémica Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela, un acuerdo firmado el 17 de julio de 2025 por los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El memorando, presentado como una “cooperación para el desarrollo”, ha sido cuestionado por juristas y sectores políticos que lo consideran un tratado internacional encubierto, firmado sin aprobación legislativa ni control constitucional previo.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora, quien argumenta que el acuerdo vulnera principios constitucionales, evade el control democrático y podría facilitar operaciones ilegales en zonas fronterizas históricamente afectadas por el narcotráfico y grupos armados. La Corte ordenó la práctica de pruebas y solicitó documentos oficiales a Presidencia, Cancillería, Comercio y Defensa para determinar el alcance jurídico, financiero y territorial del memorando.
El acuerdo contempla cooperación en sectores como salud, educación, petróleo, electricidad y seguridad fronteriza, pero no ha sido publicado en la Gaceta Oficial ni en canales institucionales, lo que impide el control ciudadano y parlamentario. Además, la zona incluiría territorios sensibles como Catatumbo, Táchira y Zulia, donde operan estructuras criminales como el Cartel de los Soles, vinculado al régimen venezolano según informes de la ONU y la CIDH.
La Corte podría suspender provisionalmente el memorando mientras se estudia su constitucionalidad. Para muchos, este proceso no solo pone en duda la legalidad del acuerdo, sino que destapa una estrategia de integración binacional que, lejos de fortalecer la paz, podría abrir la puerta a una nueva Tranquilandia institucionalizada. ¿Cooperación o entrega de soberanía?