La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, lanzó fuertes acusaciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando presuntas maniobras para facilitar la fuga y protección de exfuncionarios implicados en escándalos de corrupción. En un video publicado el 18 de agosto de 2025, Garrido afirmó que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y señalado como cabecilla de una organización criminal dentro de la UNGRD, habría recibido respaldo institucional para establecerse en Nicaragua, incluyendo residencia legal, vehículo diplomático y alojamiento en la embajada colombiana.
Según la congresista, estas gestiones se habrían realizado con conocimiento de altos funcionarios del Gobierno, incluyendo la senadora María José Pizarro, a quien acusa de haber atendido “como un rey” al prófugo González, todo con recursos públicos. Además, Garrido advirtió que el Ejecutivo estaría preparando una estrategia similar para favorecer a Alfredo Saade, jefe de gabinete y autodenominado pastor, quien enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos de pasaportes y por no contar con reconocimiento oficial como líder religioso.
La denuncia busca evidenciar lo que Garrido califica como un patrón de encubrimiento institucional, cuyo propósito sería blindar a aliados políticos del presidente Petro frente a procesos judiciales. Con esta intervención, la congresista pretende activar el control político, exigir sanciones de la Procuraduría y alertar a la opinión pública sobre el uso indebido de la diplomacia para proteger a personas investigadas por corrupción. El caso ha reavivado el debate sobre transparencia, impunidad y el papel de las embajadas en la gestión de prófugos.