En una rueda de prensa desde la Plaza de Bolívar, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar oficializó su respaldo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Acompañado por aspirantes al Congreso del Pacto Histórico, Bolívar anunció la conformación de una “primera bancada constituyente” que buscará, desde el Legislativo, activar los mecanismos constitucionales para redactar una nueva Carta Política. La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de otros precandidatos como Alfredo Saade y Daniel Quintero, se perfila como eje central de la campaña oficialista para las elecciones de 2026.
La propuesta surge en medio de tensiones institucionales, tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, decisión que Petro ha cuestionado abiertamente. Según el mandatario, Colombia necesita una reforma profunda en temas como justicia, derechos sociales, cambio climático y reparación de víctimas. Para lograrlo, plantea que el nuevo Congreso sea elegido con una lista “proconstituyente” que recoja firmas ciudadanas y active el proceso desde el poder legislativo.
Los defensores de la Constituyente aseguran que permitiría superar el bloqueo institucional que ha frenado reformas clave como la de salud, pensiones y justicia. Bolívar afirma que una nueva Constitución podría garantizar una democracia más participativa, reducir la desigualdad y blindar los derechos sociales.
Sin embargo, críticos como Daniel Palacios y Juan Carlos Echeverry advierten que se trata de una maniobra riesgosa que podría desestabilizar el orden constitucional vigente y abrir la puerta a reformas sin consenso nacional.
Convocar una Asamblea Nacional Constituyente no es un proceso menor: Colombia no lo ha hecho desde 1991. Implica redefinir las reglas del juego político, jurídico y social. ¿Está el país preparado para un cambio de tal magnitud? ¿Es legítimo hacerlo desde una mayoría legislativa sin un referendo previo? Lo que está en juego no es solo una reforma: es la arquitectura institucional del Estado. Y en ese tablero, tanto el oficialismo como la oposición se juegan su futuro político y la confianza de una ciudadanía cada vez más polarizada.