La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra todos los ministros que estamparon su firma en el polémico decreto que convoca a una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. La decisión, según el ente de control, responde a quejas presentadas por varios ciudadanos preocupados por la presunta ilegalidad del acto.
“El trámite disciplinario le corresponde a la Sala de Instrucción de la Procuraduría, en virtud del fuero que cobija a los ministros del despacho”, señala el comunicado oficial, que además subraya su compromiso con la Constitución y la separación de poderes.
El escándalo se desató tras la advertencia del presidente Petro, quien expresó públicamente que destituiría a cualquier ministro que se negara a firmar el decreto, pese a que el Senado había negado previamente la consulta. Esta presión presidencial fue interpretada por sectores opositores como una coacción inconstitucional. Uno de los primeros en alzar la voz fue el concejal uribista Daniel Briceño, quien anunció acciones penales y disciplinarias contra los firmantes.
Según versiones en medios nacionales, varios ministros habrían consultado asesores legales antes de suscribir el decreto, intentando blindarse ante posibles consecuencias jurídicas. Aun así, la mayoría terminó firmando. Curiosamente, por las carteras de Minas, Justicia y Relaciones Exteriores lo hicieron ministros encargados, lo que suma más dudas a una jugada política que promete seguir dando de qué hablar.