El presidente no se aguantó. Desde Japón, Gustavo Petro lanzó una ráfaga de acusaciones tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Pero su rabia va más allá de una derrota política: es una denuncia frontal contra lo que él llama el regreso del clientelismo, el uribismo y la traición institucional.
Petro no solo perdió a su candidata, María Patricia Balanta. Perdió, según él, la oportunidad de blindar las reformas sociales en la Corte, de avanzar hacia una “paz grande” y de construir el Estado social de derecho que prometía la Constitución del 91. “Nos jugábamos los próximos ocho años de democracia”, escribió en X.
Desde Tokio, el presidente acusó al Senado de frenar el avance del país y devolver la justicia al “cartel de la toga”. Aseguró que Balanta fue excluida por ser considerada “una ficha suya”, aunque la conoció apenas tres días antes. La defendió por ser “la persona más decente” y denunció que Camargo representa una élite que nunca protestó por los jóvenes asesinados durante el gobierno de Uribe.
En un trino que sacudió a Córdoba, Petro recordó que la región está “llena de fosas comunes” producto de una clase terrateniente que, según él, sigue decidiendo el rumbo del país. “No confío en Camargo”, sentenció. Y dejó claro que sus aliados serán solo quienes entendieron “en qué consistía la elección” y no eligieron el camino de la traición.
Petro no está hablando solo de una votación. Está hablando de una fractura institucional, de una Corte que, según él, se aleja de la justicia social y se acerca al poder tradicional. Su denuncia no es solo política: es emocional, histórica y profundamente simbólica.