El presidente Gustavo Petro ordenó suspender la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien actualmente hace parte de la mesa de negociación en el marco de la política de Paz Total. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 186 del 26 de junio de 2025, en la que se argumenta que su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los diálogos con ese grupo armado.
Alias “Mocho Olmedo” es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya había emitido un concepto favorable para su extradición el pasado 28 de mayo, el Gobierno decidió suspenderla de forma indefinida mientras el cabecilla continúe aportando “resultados concretos y verificables” en la mesa de diálogo.
La medida ha generado controversia, especialmente por el antecedente de que Henao Gutiérrez permaneció durante 55 días bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un apartamento en Chapinero, Bogotá, sin ser recluido en una cárcel, pese a tener una orden de captura vigente. El Gobierno justificó esta decisión por razones de seguridad, aunque sectores judiciales y políticos han cuestionado la transparencia del procedimiento.
Actualmente, alias “Mocho Olmedo” se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Su futuro judicial dependerá de su continuidad en el proceso de paz. Si el Gobierno considera que ha cesado su colaboración, la extradición se reactivará de inmediato. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la Paz Total y el equilibrio entre justicia, verdad y negociación con actores armados.