Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una controversia judicial y diplomática. El pasado 21 de mayo, el mismo día en que fue imputado por los delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Embajada de Colombia en Nicaragua gestionó la renovación de su residencia en ese país.
Documentos oficiales revelan que González se encuentra en Nicaragua desde noviembre de 2024 y que las gestiones para regularizar su estatus migratorio contaron con conocimiento del Gobierno colombiano. La Embajada solicitó apoyo explícito al Ministerio de Migración y Extranjería de Nicaragua, lo que permitió que González obtuviera una categoría de residencia permanente, justo cuando la Fiscalía colombiana solicitaba su captura.
La Fiscalía notificó a Interpol para emitir una circular roja que permita su detención en más de 190 países aliados, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta. Mientras tanto, González permanece en Nicaragua, país desde el cual incluso habría atendido la audiencia de imputación. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el papel del Gobierno en el manejo del caso y la aparente protección diplomática brindada al exfuncionario.
El caso ha encendido el debate público sobre la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción en Colombia. Representantes de víctimas y sectores políticos exigen explicaciones claras sobre las gestiones diplomáticas que facilitaron la permanencia de González en el extranjero, mientras se evade una orden de captura vigente por uno de los escándalos más graves del actual gobierno.