La reciente directiva firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo ha generado un terremoto jurídico y político: la suspensión de órdenes de captura, incluso de extraditables, en aras de la cuestionada “paz total” que promueve el gobierno de Gustavo Petro. Con este giro, la cooperación internacional, que antes era motivo de orgullo y herramienta clave en la lucha contra el crimen transnacional, queda relegada a un papel decorativo. El documento expone que las políticas internas están por encima de acuerdos judiciales internacionales, desatando críticas por la vulneración del marco legal binacional.
Este “salvavidas jurídico” no solo favorece a actores ilegales, sino que debilita gravemente la credibilidad del Estado colombiano frente a organismos internacionales, especialmente aquellos que han colaborado en esclarecer crímenes de alto impacto. ¿Qué mensaje se envía cuando se privilegia la expectativa política sobre compromisos judiciales? La decisión parece más un acto desesperado del gobierno para mostrar avances en negociaciones que, tras tres años, siguen sin materializar resultados concretos.
Resulta paradójico que la propia fiscal Camargo, partícipe de escenarios iberoamericanos sobre justicia, ahora se convierta en vocera de una política que mina el trabajo de inteligencia compartido con países aliados. La medida revela una profunda fractura entre el idealismo del Ejecutivo y la operatividad judicial, generando inquietud sobre posibles retaliaciones diplomáticas o restricciones en futuras colaboraciones contra el crimen organizado.
En el fondo, el problema radica en la falta de una estrategia transparente y viable por parte del Gobierno Petro. Mientras se suspende justicia para dialogar con ilegales, las víctimas claman por verdad y reparación. La “paz total” se convierte en una consigna de papel, sin sustancia ni garantías, que termina beneficiando a quienes más daño han causado. ¿Estamos negociando con criminales o capitulando frente a ellos?