La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de participar en la trama de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Bonilla, cercano al presidente Gustavo Petro, habría utilizado su posición para influir en la adjudicación de contratos con el fin de beneficiar intereses políticos. A pesar de haber renunciado a su cargo en diciembre de 2024, su presunta participación en los hechos sigue generando indignación.
La investigación tomó fuerza gracias a las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del economista en el Ministerio, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo clave en el caso. Junto a ella, Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la UNGRD, han revelado que Bonilla ordenó la entrega de contratos a congresistas a cambio de impulsar las reformas del Gobierno. Este testimonio ha sido fundamental en el avance del proceso judicial.
El escándalo se ha convertido en uno de los golpes más duros para el actual Gobierno, pues involucra figuras como Carlos Ramón González y Iván Name, quienes también han sido imputados por presuntamente desviar millonarias sumas de dinero. La corrupción en la UNGRD comenzó a destaparse con los sobrecostos en la compra de carro tanques destinados a La Guajira, un hecho que terminó convirtiéndose en la prueba de la red de favores y malversación de fondos públicos.
Mientras la Fiscalía prepara la audiencia de imputación de cargos contra Bonilla, el país sigue atento a las consecuencias de este escándalo. Las declaraciones de los implicados han dejado al descubierto un entramado de corrupción que sigue sacudiendo la política nacional. Ahora, la pregunta clave es: ¿hasta dónde llegará la justicia?