En medio de una tormenta política, el presidente Gustavo Petro firmó el pasado 11 de junio el controvertido decreto 0639 que convoca a una consulta popular sobre reformas laborales. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el contenido del decreto, sino las ausencias en su firma: cuatro ministros, entre ellos la canciller Laura Sarabia, decidieron no respaldarlo.
La decisión de Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al mandatario, generó desconcierto en el círculo político. Aunque no se han revelado las razones de su abstención, su silencio ha alimentado especulaciones sobre posibles fracturas internas en el gabinete. Junto a ella, también se apartaron del decreto el ministro de Minas, Edwin Palma; la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada; y el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
El decreto, que será revisado por la Corte Constitucional, ha sido calificado por sectores de oposición como un “autogolpe” y una amenaza al equilibrio de poderes. La firma se dio justo antes del vencimiento del plazo legal, en medio de homenajes al precandidato Miguel Uribe Turbay, quien permanece en UCI tras un atentado y había advertido acciones penales contra los ministros que lo respaldaran.
Mientras el país se polariza entre quienes ven en la consulta una vía legítima para avanzar en reformas y quienes la consideran un desafío institucional, la ausencia de estas cuatro firmas podría marcar un punto de inflexión en la cohesión del gobierno. ¿Grieta o estrategia? El tiempo —y la Corte— tendrán la última palabra.