Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia, sacudió el debate político con una afirmación que no pasó desapercibida. A través de su cuenta de X, aseguró que dos expresidentes de la Corte Constitucional (uno de los máximos órganos jurídicos del país), respaldan la posibilidad de que Gustavo Petro convoque la consulta popular sobre la reforma laboral por decreto, pese a que el Congreso ya la rechazó.
El Gobierno insiste en que la votación en el Senado estuvo viciada y que, al no haberse pronunciado formalmente dentro del plazo legal, el presidente tiene vía libre para llevar la consulta directamente a las urnas. Sin embargo, expertos advierten que esta movida podría desafiar la separación de poderes y abrir un conflicto jurídico sin precedentes. Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, ya dejó claro que lo que no puede hacerse por ley, tampoco puede imponerse por decreto.
Mientras el Ejecutivo busca todas las salidas posibles para salvar su reforma laboral, la incertidumbre crece. ¿Es una estrategia legítima o un desafío a las reglas del juego democrático? Lo cierto es que, con el tiempo en contra y sin claridad sobre el financiamiento de la consulta, Petro se enfrenta a una batalla política que podría definir el rumbo de su gobierno.