El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó públicamente al registrador nacional, Hernán Penagos, tras su decisión de acudir a organismos como el Consejo de Estado y la Procuraduría antes de continuar con la organización de la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional. Según Benedetti, Penagos “no está acatando el decreto” y estaría incurriendo en una grave equivocación al condicionar su cumplimiento a interpretaciones jurídicas.
Durante una intervención desde el Congreso, el ministro afirmó que el registrador no tiene atribuciones para evaluar excepciones constitucionales y que su papel se limita al cumplimiento logístico del proceso. A estas críticas se sumó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que el verdadero superior del registrador “es el pueblo colombiano” y que en democracia se le debe obedecer.
Ante las declaraciones del Gobierno, Penagos defendió su postura asegurando que actúa en respeto estricto a la Constitución. Afirmó que entiende las críticas y eventuales denuncias en su contra, pero enfatizó que su actuar responde al complejo panorama institucional que atraviesa el país y a la necesidad de claridad jurídica antes de adelantar cualquier convocatoria.
El conflicto entre el Ejecutivo y la Registraduría se suma a la cadena de tensiones que rodean la propuesta de consulta popular, evidenciando una disputa de fondo sobre las competencias de cada entidad frente al ejercicio del poder. Mientras el Gobierno exige ejecución inmediata, el registrador insiste en que el control de legalidad es previo y fundamental.