La Organización Nacional Convite Étnico Ecológico y Social del Departamento de Córdoba expresó su enérgico rechazo a las acciones llevadas a cabo por la alcaldía de Montería, la Policía Metropolitana de Montería y Córdoba, y la Inspección Tercera Urbana de Montería, en contra de la población vulnerable durante el desalojo del Humedal Berlín.
“En el lugar se encontraban comunidades indígenas, personas desplazadas, afrodescendientes, madres cabeza de hogar, personas con d!scapacidad, adultos mayores y menores de edad, entre otras poblaciones que han venido reclamando su derecho a una vivienda digna”, dice la organización.
La organización manifestó su profunda preocupación por lo que consideran una revictimización de estas poblaciones, que son objeto de especial protección según la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13 y 44, los cuales garantizan la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales de los niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos étnicos.
La organización enfatiza que no promueve la violación de las leyes y normas establecidas, pero aboga por la búsqueda de soluciones que promuevan el bienestar del pueblo a través del diálogo y la comunicación asertiva.
En este sentido, han solicitado respetuosamente al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que inicien las rutas necesarias para el restablecimiento de los derechos fundamentales de esta población vulnerada, tal como lo estipulan las leyes colombianas, en particular la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado y la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas y restitución de tierras.
Finalmente, la organización insta al Ministerio Público a actuar como garante en la protección de estos procesos, asegurando que el Estado cumpla con su obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos de estas poblaciones vulnerables.