El pasado 12 de noviembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció, a través de la resolución 453 de 2024, el nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.
Esta decisión ha generado una fuerte controversia debido a los crímenes cometidos por algunos de los nombrados.
Por esa razón, la representante Katherine Miranda anunció que demandará esta resolución ante el Consejo de Estado, destacando que esta decisión contradice la ley y vulnera los principios de verdad, reparación y no repetición, además de ignorar los derechos de las víctimas, quienes no fueron consultadas ni escuchadas, debilitando la confianza en el proceso de paz.