A partir del 1 de julio de 2025, las empresas en Colombia deberán asumir la responsabilidad de pagar las prestaciones sociales de sus contratistas independientes, según lo establecido en la Ley 2381 de 2024.
Esta reforma, conocida como la reforma pensional, busca reducir la informalidad laboral y garantizar una mayor protección social para los trabajadores que prestan servicios bajo contratos por prestación de servicios.
Hasta ahora, estos trabajadores eran responsables de gestionar y financiar sus propios pagos de salud, pensión y otros aportes voluntarios. Sin embargo, con la nueva ley, las empresas deberán descontar estos montos directamente de los honorarios pactados y transferir los recursos al sistema de seguridad social.
Esta medida representa un desafío tanto para las empresas, que tendrán que ajustar sus procesos administrativos, como para los contratistas, quienes podrían enfrentar una reducción en sus honorarios netos. No obstante, se espera que el nuevo sistema facilite el pago de los aportes y promueva un modelo más inclusivo de seguridad social en el país.