Colombia eligió a Gustavo Petro Urrego, presidente de la república; el primer cordobés en asumir esta dignidad. Por ello, desde el Sistema Universitario Estatal, SUE esperamos un gobierno que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales; entre ellos, el derecho a la educación. De esta forma fortalecer la universidad pública.
Importante resaltar que, para los años noventa, las 32 universidades públicas proyectaban sus metas basadas en las exigencias propias de la época para la educación superior, que no incluían temas como: la formación doctoral, dedicación a la investigación, segunda lengua para estudiantes y docentes, acreditación de alta calidad, modernización administrativa y certificaciones de procesos. Lo anterior, porque su quehacer estaba enfocado principalmente en la docencia.
Actualmente, las Universidades Estatales han fortalecido los procesos académicos, investigativos y organizacionales, al concebirse como instituciones que aportan al desarrollo humano, social, cultural, económico, productivo y científico del país; sin olvidar su esencia como claustros académicos autónomos caracterizados por la libertad científica y de cátedra.
Hoy, los indicadores demuestran los esfuerzos y avances del SUE, tanto en pregrado como en posgrado: el indicador de cobertura estudiantil para programas de pregrado refleja un incremento en la cobertura del 57,9% entre los años 2004 y 2017. En el caso de posgrados, se evidencia un incremento en la cobertura estudiantil del 184,84% entre los años 2004 y 2017; estos indicadores señalan un aumento real de cobertura. Sin duda, este esfuerzo ha sido un avance importante que requiere continuidad y sostenibilidad por parte del nuevo gobierno.
En este sentido, uno de los problemas en educación superior es la incapacidad de responder a la alta demanda de acceso a la educación superior pública; situación que se profundiza en distintas regiones del país teniendo en cuenta que Bogotá concentra 114 universidades; es decir, el 33% del total de universidades del país. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior. Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; en contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia; departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés no tiene universidades y los territorios más afectados por el conflicto armado solo tienen entre 1 y 3 universidades. Lo que refuerza la tesis sobre el excesivo centralismo con que se ha concebido el desarrollo.
En consecuencia, es impostergable incrementar cobertura universitaria pública en regiones donde la presencia estatal es débil. La cobertura en educación superior es un problema estructural en la sociedad colombiana, escenario que afecta a la juventud y en especial, los sectores vulnerables, quienes han estado excluidos del acceso a un derecho fundamental.
Por lo anterior, se hace necesario intervenir este problema que niega el derecho a la educación de 2.500.000 jóvenes; asimismo, incrementar la cobertura en educación superior pública; lo cual significa construir justicia social en una sociedad donde la juventud ha sido condenada a convertirla en ejército de reserva para la guerra y todas las formas de ilegalidad. Córdoba debe ser el modelo de regionalización de la universidad pública en Colombia; que garantice cobertura universal y respeto a un derecho fundamental.