En el primer semestre del 2021, se disparó la deuda con la Red Pública de las EPS, esto es una alarma que deja muy mal parado no solo a la RED, sino al sistema general de seguridad social en salud, esto si se tiene en cuenta que en medio de la crisis se frenaron procedimientos e intervenciones asistenciales, por las famosas alertas rojas, que obligaron a los prestadores a atender solo pacientes COVID; la pregunta que hoy le hacemos al Ministerio y al Adres es: sabemos que todos esos recursos de la UPC no se fueron a COVID, y entonces, ¿porque no se disminuyó la deuda con excedentes de la UPC por ahorro en la atención?
Como hoy, después de nuestra ausencia legislativa y de padecer lo mismo que padece un colombiano de a pie para acceder a nuestro sistema de salud, nos damos cuenta que se debe seguir siendo propositivo, pero no con la frase para ¨salvar el sistema¨ que equivocadamente mencionaba, si no para verdaderamente salvar la salud de los colombianos y sacarla de las garras de aquellos que han aumentado de manera desmedida su patrimonio con los recursos de la salud.
Son muchas las propuestas, las cuales no todas podré enunciar en este corto espacio periodístico y que se articularían en una futura reforma constitucional, de las cuales resaltamos algunas:
1. Lograr frenar de una vez por todas la integración vertical enmascarada, donde hoy todo el mundo en la región sabe quiénes son los reales dueños de las clínicas y del acaparamiento del mercado de prestadores de servicios de salud, por parte de quienes ejercen el factor dominante en las EPS del Régimen Subsidiado y Contributivo, desplazando al personal médico y paramédico territorial y a la libre competencia, principio regulador del sistema que hace rato desapareció (monopolios).
2. Manuales Tarifarios Unificados por el órgano rector (Ministerio de Salud) y no por las EPS o por quien ejerza el poder dominante, así se evita que se le juegue sucio a la plata de las UPC y se utilice cada peso para lo que realmente debe ser la prestación de servicio y no para otro fin; hoy lo que se contrata es paupérrimo con prestadores, y estos con personal misional, lo que genera empobrecimiento en la calidad de la atención.
3. Acabar con las liquidaciones con insolvencias que quiebran a los prestadores, el Estado no puede lavarse las manos de algo que fue su responsabilidad, de controlar y vigilar para que una EPS u IPS no llegase a la quiebra, para luego pasar de héroe a liquidar, evadiendo la responsabilidad él mismo; por lo que dejó de hacer, las intervenciones serán solo para administrar y salvar, o para cambiar la naturaleza o su paquete accionario, y que si se descubre que quienes ocasionaron esto, fueron sus accionistas perderán sus derechos y cederán los mismos a quienes les deban y tendrán responsabilidades ante órganos de control.
4. Se creará un fondo de garantías para la salud, y un fondo para estabilizar y salvar la red hospitalaria, pero con una revisión minuciosa dé cada caso por un comité académico científico que ayude en esta toma de decisiones, dé recomendaciones y se haga responsable de las mismas, todos sin excepción deben propender los que queden por la acreditación.
5. Todo giro en la salud de prestadores públicos y privados de sus acreedores se dará de manera pública en medios masivos y de manera transparente, en orden de prelación establecido por ley. Las EPS montarán un pre giro, el cual irá a revisión del Superintendente de Salud, quien con su visto bueno y evitando vicios de concentración y correcta distribución, dará Vo Bo al ADRES para el mismo.
6. El ADRES tendrá una mayor regulación y como banco emisor funcionará de carácter estatal, pero no administrado por fiducia de banca privada que se gane una licitación; los auditores serán escogidos por meritocracia en planta y no por contrato, con polígrafo permanente y vigilancia de órganos de control, y se unificará y se fortalecerá la UPC, y se atenderá con la misma todas las eventualidades.