En las últimas horas se conoció que la Fiscalía 22 de Delitos Contra la Administración Pública de Sincelejo imputó el cargo de contrato sin el lleno de requisitos legales a Ana Paola García Soto, esposa del diputado José David Nader.
Es de resaltar que, García Soto, quien para el año 2012 se desempeñaba como asesora jurídica de la alcaldía de La Unión, Sucre, no aceptó el cargo por el cual es acusada.
De acuerdo con la Fiscalía, la cuestionada mujer celebró un contrato para la instalación de las cámaras de vigilancia en el municipio en mención, sin embargo, al suscribirlo se habrían trasgredido los principios de planeación y selección objetiva, debido a que ella no era la persona idónea para llevar a cabo dicho proceso y por si fuera poco, las cámaras nunca funcionaron.
El cargo fue imputado a través de una audiencia virtual celebrada por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión.
Finalmente, por los hechos descritos anteriormente la Contraloría departamental en el 2017 abrió un proceso de responsabilidad fiscal al entonces alcalde Mario Vergara a Juan David Herrera Romero, exsecretario de Planeación, y a Julio Cabrales, representante legal del Consorcio Unión Segura.
Como se recordará en meses anteriores, Ana Paola García Soto fue designada, por el alcalde de Montelíbano, José David Cura, para ser contratista del municipio (asesora jurídica), sin embargo, no estaría habilitada para ejercer sus funciones teniendo en cuenta el vínculo que mantiene con el diputado José David Nader.
Lo anterior está dispuesto por la Constitución Política de Colombia en su Artículo 292 que, “Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio”.
Así las cosas, el mandatario de Montelíbano habría incurrido en una falta gravísima tras haber designado personal que estaría inhabilitado para trabajar y contratar con el municipio.