Formulan cargos contra exgobernador Lyons y tres exsecretarios de Salud de Córdoba por el ‘Cartel de las Chapas’

Formulan cargos contra exgobernador Lyons y tres exsecretarios de Salud de Córdoba por el ‘Cartel de las Chapas’

La Procuraduría General de la Nación sigue moviendo los procesos que tiene en el departamento de Córdoba, en las últimas horas fomuló pliego de cargos al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Arauchan Narváez y Edwin de Jesús Preciado Lourdy, por el denominado ‘Cartel de las Chapas’.

Dicha investigación tiene que ver con las presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de odontología por más de $3.000 millones de pesos, por los cuales el órgano de control le cuestionó a Gaines Acuña la presunta vulneración del principio de economía al ordenar, al parecer, el pago de servicios de salud a la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S. por valor de $1.550.508.224, sin que mediara relación contractual.

Según lo informado por la Procuraduría, estos pagos los habría ordenado el exfuncionario “mediante las resoluciones No. 001685 y 001681 del 10 de junio; No. 001781 del 18 de junio, No. 001781 del 18 de junio, y No. 002035 del 17 de julio de 2014”.

Asimismo, el ente de control señaló que en el caso de Arauchan Narváez “supuestamente ordenó el pago de servicios de salud a Mauricio Javier Bermúdez Ramos, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta S.A.S. y a SA Odontológica I.P.S. S.A.S. respectivamente, por valor de $1.274.982.928, mediante las resoluciones No. 002551 del 21 de agosto, No. 002747 del 2 de septiembre y No. 003128 del 6 de octubre de 2014”.

Mientras que Preciado Lorduy habría ordenado con las resoluciones “No. 002496 del 3 de septiembre de 2015 y No. 006047 del 13 de noviembre de 2015 el pago de servicios a la I.P.S. FM Maxilofacial de Córdoba S.A. por valor de $228.898.582”.

Finalmente, para el caso del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, la Procuraduría le reprochó por no ejercer en debida forma su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus delegatarios, lo que permitió que los exsecretarios expidieran los actos administrativos para el pago de los servicios de salud por valor de $3.054.389.734 sin que existiera relación contractual.