Han transcurrido más de treinta días desde que el Gobierno Nacional a través del presidente de la República y de todos sus ministros declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica, entendido este como un desequilibrio en los factores de la vida económica, social y ecológica del país, capaz de producir una afectación de tal magnitud que la comunidad se ve alterada en los elementos que aseguran su propia existencia y la armonía social.
Esa alteración, desorden o perturbación producida por la Covid-19, elevado a la categoría de pandemia por la OMS, es catalogada de grave y pone en peligro evidente la existencia actual y futura de la vida de la comunidad colombiana. El Gobierno Nacional un poco dubitativo le tocó izar la bandera amarilla, como ocurriera con el Colera asiático que nos azotara a mediados del siglo XIX, encendiendo las alarmas y ordenando una cuarentena obligatoria general en todo el territorio nacional.
Actuando en consecuencia, el Presidente de La República nos ha sorprendido con una serie de cañonazos legales al expedir un conjunto de normas, entre ellas, las relacionadas con la de otorgar facultades a los alcaldes, como primera autoridad administrativa municipal, para efectuar, “si a bien lo quieren”, el pago total o parcial de los servicios públicos domiciliarios (agua, energía eléctrica y gas natural) a las sectores vulnerables afectados por la pobreza y con ingresos precarios asentados en los estrados 1, 2 y 3 de su respectiva jurisdicción territorial.
El desarrollo normativo tiene que ver con medidas sociales y económicas tendientes a proteger a las familias vulnerables por la situación de emergencia provocada por la Covid-19. “Primero están las familias vulnerables en nuestra sociedad”, sentenciaba el presidente.
En efecto, se establecieron, entonces, los Decretos 517, 528 y 580 de 2020, referidos específicamente al tema de subsidio, pago total o parcial por parte de Alcaldes y financiación a largo plazo de los Servicios Públicos Domiciliarios para estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, extendiéndose otros tipos de beneficios a estratos 4 y 5.
Igualmente, las normas anteriores no sólo tienen el noble propósito de aliviar a las clases menos favorecidas, de “protegerlas con cariño, con afecto y con inteligencia institucional y colectiva”, como lo reafirmara el presidente, sino que, además, están encaminadas a las de garantizar las operaciones de las empresas prestadoras de los pluricitados servicios, para asegurar la permanente y continua prestación por parte de estos, habida cuenta que estas han asumido la reconexión gratuita, congelación de tarifas, la no suspensión del servicio por falta de pago y financiación sin interés. Estrategia del “todos ponen” con el firme propósito de hacer de la solidaridad una gran victoria contra la Covid-19.
Desde el mismo momento en que se anunciara la decisión presidencial sobre el tema de marras se dijo que las fuentes de financiación de las medidas sociales y económicas a sectores vulnerables estaban en los recursos del sistema general de regalías y en los presupuestos propios de las respectivas entidades territoriales, quienes tienen plena libertad de hacer los movimientos, traslados y ajustes presupuestales requeridos. Además, podrán asumir tales compromisos con cargo a vigencias futuras.
Ahora bien, aterrizando el tema al plano regional y local, al momento de aplicarse y materializarse las medidas señaladas en los decretos antes mencionados, algunos municipios del Departamento de Córdoba hicieron uso de la discrecionalidad de acogerlas; otros, por el contrario, se han negado a ello.
A propósito, Carlos Ordosgoitia Sanin, alcalde de Montería, ha manifestado que las resoluciones presidenciales no son pertinentes, por lo que la degrada a una simple “propuesta”, la cual califica de “populista”. Arguye el mandatario que no se puede afectar el presupuesto de inversión aprobado y en estado ejecución del municipio.
Por otro lado, en lo que respecta al tema presupuestal, el municipio de Montería cuenta dentro de la distribución del Sistema General de Regalías -SGR- con una asignación directa bienal -2019-2020- por la suma de $990 millones. En el Fondo de Compensación Regional (Foncor) del mismo sistema, por estar en los niveles de pobreza, tiene una fuente de financiación por una suma presupuestada equivalente aproximadamente a $5 mil millones para inversión local, suma esta que puede ser aumentada (en el bienal pasado se le presupuestaron al municipio de Montería por -Foncor- la suma de $4.667.495.068, llegándosele a aprobar finalmente la suma de $24 mil millones).
Igualmente, en el presupuesto propio del municipio de Montería existen recursos de inversión relacionados directamente con el tema de servicios públicos, que, sin incluir los recursos por servicios públicos concesionados, asciende a una suma aproximada de $6 mil millones anuales. Proactiva, por ejemplo, paga al municipio de Montería por arrendamiento de infraestructura física la suma de $1.895.946.822, y en el presupuesto de inversión con recursos de libre destinación se tiene la suma de $3.500 millones para programas de construcción, ampliación y mantenimiento del alumbrado público, recursos estos los cuales perfectamente pueden ser trasladado al pago de los servicios públicos ya mencionados.
Amén de lo anterior, existen asignaciones en el Sistema General de Participación (SGP) en el componente de agua potable un rubro de más de $12 mil millones y en el componente de propósitos generales del mismo sistema $6.600 millones para libre inversión.
Por otra parte, en la ciudad de Montería existen aproximadamente 300 mil usuarios de servicios públicos domiciliario (este número es inferior en usuarios de Gas natural donde la cobertura es menor), de los cuales el 30 % están ubicados en zonas de pobreza y de pobreza extrema por lo que los beneficios o alivio económico ya sea total o en los porcentajes que se señalan en los decretos presidenciales impactarían a 90 mil hogares y a 360 mil personas.
No obstante, insiste el mandatario de los monterianos y se afinca en una ejecución presupuestal basado en un mundo normal de cosas, con un imaginario puesto en un presente hipotético de inversión y de querer convertirse él en “pilar fundamental de la reactivación económica nacional”, cuando el mismo ha dicho que el 70 % de la economía local está basada en la informalidad. No ha caído en la cuenta Carlos Ordosgoitia Sanin que el mundo, el departamento de Córdoba y la ciudad de Montería ya no es la misma, que el futuro es incierto.
En consecuencia, actúa Carlos Ordosgoitia Sanin como el caballo de noria que da vueltas en el mismo sitio con los ojos vendados, ignorando la función que está desempeñando.
El clamor ciudadano es sonante, estridente y bullicioso, así se escucha el grito de desespero en las redes sociales, para exigir al señor alcalde municipal de la capital ganadera de Colombia el acatamiento e implementación de las medidas que aseguren la existencia y la armonía social de miles de monterianos, pero el caballo de noria parece tener otra cualidad: es sordo.