En las últimas horas, dos procuradores judiciales penales de Barranquilla interpusieron una tutela para que el Inpec, Uspec, Fiscalía, Alcaldía y demás autoridades intervengan en la URI y el Centro de Servicios Judiciales, tras encontrar la presunta vulneración de los derechos de los detenidos en esos lugares.
De acuerdo con el documento que fue publicado por Blu Radio, hasta el pasado martes 26 de mayo 39 internos recluidos en estos dos centros transitorios estarían “aguantando hambre” y en condiciones de riesgo ante la pandemia del Covid-19.
Por su parte, el coordinador de la URI detalló a la Procuraduría que la alimentación de los detenidos no ha sido asumida por ninguna autoridad local o nacional, sino que por el contrario, las familias de los presos se encargan de llevarles alimentos una vez al día.
Asimismo, en el documento se informa que en la URI de Barranquilla hay 10 detenidos que presentan síntomas de Covid-19 como de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómito o diarrea, por lo que se les tomaron muestras.
Tras la acción de tutela, un magistrado del tribunal de Barranquilla ordenó a autoridades en la capital del Atlántico que se reúnan en las próximas 48 horas para revisar la presunta vulneración de los derechos de los detenidos.