Una nueva polémica se generó en el país luego de conocerse que el magistrado ponente del caso Uribe tuvo un contrato con Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Se trata del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe.
Versiones preliminares dan cuenta que Reyes fue contratado por 570 millones de pesos por el Gobierno de Santos, para una asesoría sobre temas relacionados con el proceso de paz que se adelantaba en ese entonces con la guerrilla de las Farc.
Dicho contrato que fue firmado el 14 de julio del 2016, tenía como objetivo verificar la situación jurídica y el estado de salud de las personas del grupo armado que estaban en prisión, cuyos nombres eran entregados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Fue así como Uribe se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que, “del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no sé qué pensar, menos qué escribir”.
Así las cosas, muchos son los que piensan que el magistrado Reyes debió declararse impedido en el caso Uribe.