Este martes 22 de septiembre se conoció que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia será quien decidirá si el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe se surtirá por la ley 600 del 2000 o por el actual procedimiento penal, ley 906 del 2004.
Según la juez 30 de garantías de Bogotá hay que evaluar si el proceso debe continuar por la ley 600, bajo la cual venía en la Corte hasta que Uribe dejó su curul en el Senado de la República y el caso pasó a la justicia ordinaria.
En la diligencia el togado decidió que la regla general es que cualquier delito cometido con posterioridad al 1.° de enero del 2005 (cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio), debe ser tramitado por la ley 906 del 2004, excepto los casos de aforados constitucionales.
Por esto, afirmó, la ley 600 del 2000 resulta vigente para delitos cometidos antes del 2005 y para el juzgamiento de los miembros del Congreso, sin importar la fecha de comisión de los hechos.
En este sentido, aseguró la jueza, desaparecido el fuero por la renuncia al Senado, «lo que procede es aplicar la regla general en el sentido en que los casos se deben tramitar por la ley vigente en el momento de los hechos».