Con el reciente decreto expedido por el Ministerio de Justicia para la excarcelación de presos por la contingencia del Covid-19, los reclusos vulnerables al Covid-19 tendrán casa por cárcel.
Esta medida que fue anunciada hace más de 20 días, busca reducir la población carcelaria debido al hacinamiento que hay en los centros penitenciarios, lo cual es un factor que favorece la propagación del virus.
Ante esta situación, el Gobierno luego de consultar el documento con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, determinó sacar de los penales aproximadamente a cinco mil personas que serán cobijadas con detención domiciliaria transitoria, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos.
Estos contemplan que la persona sea mayor de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que padezcan enfermedades graves o en condición discapacidad, personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos, así como quienes hayan sido condenados a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40 por ciento de la pena.
Es de resaltar que, este beneficio solo será por 6 meses, una vez culmine este tiempo estas personas deberán regresar a las cárceles del país a terminar la medida de aseguramiento intramural que les fue impuesta.
Otro aspecto importante, es que también serán cobijados con este decreto quienes se encuentren detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) y cumplan con los requisitos establecidos.
Sin embargo, aquellos que estén vinculados con delitos de lesa humanidad, delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes (especialmente sexuales), delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre otros, y personas que se hayan acogido a la justicia transicional, no serán beneficiadas con la medida.
Además, durante la vigencia del decreto si una persona es capturada se le dará prioridad a la casa por cárcel para evitar que se sigan llenando los penales, pero si un beneficiado llega a violar la detención domiciliaria regresará a prisión inmediatamente y perderá esta garantía.
Así las cosas, El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), serán quienes verificarán que estas personas estén en sus casas cumpliendo la medida de aseguramiento y también deberán elaborar los listados de los reos que cumplan con los requisitos para que sean emitidas las boletas de excarcelación.
Una vez sea emitida la salida de los reclusos, el Inpec será quien los traslade hasta sus residencias.
Finalmente, cuando acabe la vigencia del decreto, estas personas tendrán cinco días hábiles para presentarse ante los jueces, quienes determinarán si cumplieron su pena o regresarán a los centros penitenciarios.