En las últimas horas de este martes 21 de enero, mediante un comunicado se confirmó que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, condenó Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, exalcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus nexos con grupos de autodefensa.
De acuerdo con lo determinado por las autoridades, Ortiz Naranjo quien fue mandatario de Tierralta en el periodo 2008 – 2011, fue mencionado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una versión libre ante la jurisdicción de Justicia y Paz, como uno de los alcaldes que fue elegido por imposición de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC, en la zona del Alto Sinú.
En el comunicado emitido por la Rama Judicial se lee, “las declaraciones de Mancuso, en marzo del año 2000 se realizó una reunión en el corregimiento de Nueva Granada en Tierralta, conocido como El Granadazo, allí se estableció que los próximos tres alcaldes de esa municipalidad serían Sigifredo Senior Sotomayor, Humberto Santos Negrete Fajardo y Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, situación que ocurrió como fue ordenada por las AUC”.
Además, señala que Aníbal Ortiz ganó en ese entonces las elecciones por una amplia mayoría y posteriormente ocupó el cargo durante el periodo antes mencionado.
Se conoció que, la investigación en contra de Ortiz Naranjo fue asumida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería, en febrero de 2015, despacho que revocó la medida de aseguramiento que inicialmente se había impuesto en contra del procesado, no obstante, por una medida de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, el expediente fue remitido al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que impuso una condena de 10 años y seis meses de prisión.
A Ortiz Naranjo, también le fue impuesta una multa equivalente a 9.525 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007 y en el mismo comunicado se señaló que, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por medio del Juzgado de Conocimiento de Montería, libró orden de captura contra el procesado y negó la suspensión de ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.