Se trata de la presunta persecución que inició el nuevo director del Instituto de Bienestar Familiar, Alberto Jiménez Bohorquez, toda vez que se posesionó en el cargo el pasado dos de mayo del presente año.
De acuerdo con las denuncias recibidas en La Lengua Caribe, desde su llegada, el funcionario se dedicó a “perseguir” a las entidades contratistas de Córdoba que prestaban sus servicios al ICBF y que cumplían con los estándares exigidos por la Institución, esto con el objeto de “encontrar excusas o algún motivo” para no seguir contratando con ellos.
Esto quedaría evidenciado a partir del mes de octubre cuando empezaron las nuevas contrataciones, pues para sorpresa de muchos, aproximadamente 25 de las fundaciones que contrataban en el departamento no fueron tenidas en cuenta, mientras que 5 fundaciones de Sucre, de donde es oriundo dicho funcionario le fueron entregados la mayoría de los contratos, desplazando así a las entidades cordobesas.
Esta jugada “sucia”, como muchos la han calificado, en cabeza del director del ICBF tendría en jaque el buen funcionamiento de los programas de esa institución, específicamente el de Primera Infancia (institucionales, familiar y HCB), pues a partir de la nueva contrataciones, estas empresas sucreñas estarían incumpliendo a la población beneficiada, en este caso a los niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
Por si fuera poco, estas entidades que no cumplen los mínimos requisitos tampoco tendrían sede en la ciudad de Montería, sino más bien ofician en “garajes” y sus trabajadores no cuentan con ningún tipo de contratación que los vincule legalmente a estas empresas.
Lo más preocupante de este panorama es que la clase dirigente en Córdoba no se pronuncia al respecto, por el contrario ha trascendido que presuntamente la coordinadora Elcira Regino Yepez, patrocina toda esta situación, pues no hace nada para contrarrestar todas las consecuencias acarreadas.
Y es que según lo investigado por este medio, fundaciones sucreñas como Tierra Firme, todavía no han entregado el paquete de alimentos correspondiente al mes de octubre, así como tampoco han hecho entrega de los materiales de aseo y material didáctico para los niños en los Centros de Desarrollo.
Cabe resaltar que, las entidades de Córdoba que anteriormente tenían contratación con el ICFB entregaban dichos paquetes los primeros días del mes, por ende se ha perdido la continuidad en la correcta alimentación a los niños lo que podría afectar su nutrición y desarrollo en general.
Por el mismo camino irían también las fundaciones, Asociación Mujesco, Plenitud Los Palmitos, y Juan Jacobo Russó, esta última entidad ya había prestado sus servicios en el ICFB y fue retirada por presuntos malos manejos en los recursos, no obstante, nuevamente hace parte de las entidades contratantes gracias a las “movidas” del nuevo director.
Así las cosas, queda en el aire la pregunta, ¿Qué tipo de intereses tendría el funcionario para desplazar empresas cordobesas y darle los contratos a esas empresas sucreñas, que no cumplen con las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de los Centros de Desarrollo y por ende de la población beneficiada?
Finalmente, la Lengua Caribe conoció extraoficialmente que estas empresas sucreñas estarían en manos y al servicio del denominado Clan Besaile, cuyos miembros estarían involucrados en escándalos de corrupción que han desangrado al departamento.