La procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Mónica Cifuentes, indicó que es urgente que se inicien las investigaciones de todos los responsables del reclutamiento de menores en el conflicto. No obstante, manifestó que no pueden tener beneficios.
“Lo que no podemos permitir es que aquellos que hayan reclutado niños reciban algún tipo de beneficio o algún tipo de amnistía”.
Por otra parte, muchas organizaciones pidieron al presidente Iván Duque objetar la ley estatutaria de la JEP, devolverla al Congreso y excluir los delitos sexuales de esa jurisdicción.
“Claramente la JEP se convirtió en el refugio y en la protección de los victimarios y no en la defensa de las víctimas, como debe ser”, apuntó Yamilet Noscue, vocera de la organización Rosa Blanca.