La Fiscalía General de la Nación, detectó un presunto acuerdo ilícito del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.
Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera.
Las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente estaban destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas.
Los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos.
Por estos hechos fueron capturados José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción; Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería; Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco, Nariño.
También a Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera; Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz; Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco en el departamento de Nariño.
Al igual a Wilmar Caicedo Campaz, contratista y Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista. Los funcionarios y particulares fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a ocho de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera, Nariño.
Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas.
Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alfredo Ghisays, conocido por ser contratista de la polémica multinacional portuguesa Mota Engil, empresa denunciada por los incumplimientos en la construcción de mega colegios en Colombia.
Según el Fondo de Infraestructura Educativa la empresa extranjera tenía a su cargo 248 colegios de los cuales Mota Engil solo entregó 17. Cabe recordar que, La primera red de corrupción giró en torno a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.