Un grupo de defensores de derechos humanos interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual exige protección especial.
Con esta acción de tutela buscan que se cumpla las garantías de seguridad que creó el Acuerdo de Paz y que se declare como un derecho la labor de los líderes sociales.
“Se trata de una acción de tutela en favor de unos diez líderes y lideresas que se encuentran en alto riesgo, muy amenazados, y el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizar, la vida e integridad física de ellos”, manifestó Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores.
Por su parte, Deobaldo Cruz, quien pertenece a la Asociación Campesina de Puerto Asís y es uno de los demandantes, perdió un ojo en junio pasado tras el impacto con un gas lacrimógeno en medio de una protesta en la que se exigía implementación del programa de sustitución de cultivos de coca.
“Hoy en el día internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno Nacional celebra en Cartagena una parafernalia, donde decidió ir a presentar una política que no existe, que no se ha terminado de hacer, también con una cantidad de actores que no tienen nada que ver con los derechos humanos”, dijo Sánchez.
Asimismo, otro de los demandantes es Óscar Salazar, del movimiento Marcha Patriótica del Cauca, quien lucha para que los campesinos sean reconocidos como un grupo cultural para tener herramientas contra los proyectos mineroenergéticos.
Muchos líderes sociales buscan que por encima de todo se cumpla lo acordado en la firma de Acuerdos de Paz, donde lo fundamental es su seguridad.