El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura al exsenador, lo que significa que nunca más podrá ocupar cargos de elección popular.
No obstante, esta decisión de primera instancia puede impugnarse ante la Sala Plena del Consejo de Estado.
Esta determinación se da luego de comprobar que Besaile pagó sobornos millonarios para manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, en el escándalo denominado el cartel de la Toga.