Luego que La Lengua Caribe publicara la denuncia de los habitantes del corregimiento de La Doctrina acerca de actitud del exconcejal filial del grupo político jattinista, Raúl Altamiranda Bravo en tumbar la actual junta administradora del acueducto según ellos registrando otra junta ante la Cámara de Comercio, esta entidad le dió un revés a su intención.
Según los pobladores el manejo y administración del acueducto de La Doctrina le pertenece desde hace más de 40 años, a una Junta que conforma la Asociación de Usuarios de Servicio Publico de Acueducto Aspa. No obstante, fue el mismo pueblo quien ratificó a la Junta presidida por Albeiro Ortega Lozano teniendo en cuenta que durante los últimos dos años los resultados administrativos son de admirar y de gran beneficio para los pobladores pues la administración del acueducto pudo cancelar una deuda antigua cercana a los seis millones de pesos por concepto de moras en los servicios de energía, y parte de la nomina de los operarios de planta y de captación. También reportó ingresos por valor de 25 millones, resultados de buenas gestiones y actividades colectivas.
La junta fue reelegida el pasado 25 de mayo conformada por Marvin Eduardo López Palencia, como representante legal; Geovany Benedetty Dumett como vicepresidente; Elisinio Núñez Amaya, como secretario; Pablo Sanchez Núñez y Cayetano Doria Cruz como vocales. Así las cosas, la Junta fue registrada ante la Cámara de Comercio de Montería el 19 de junio de este año, es decir 25 días después de haber sido ratificada. Así mismo fue registrada ante la Dian.
Posteriormente, los miembros de la Junta y la comunidad se enteraron que en la Cámara de comercio figuraba inscrita otra Junta Administradora, se trataba de la plancha que se inscribió para participar de la elección de la nueva junta administradora del acueducto que perdió, es decir la que no obtuvo la votación mayoritaria entre los habitantes.
Por lo que la sorpresa fue mayúscula y en su momento advirtieron que dicha inscripción era ilegal, indicaron que «detrás de dicha maniobra existía un manejo politiquero por parte del exconcejal quien dice tener todo el aval de la ‘patrona’ o la ‘doctora’, haciendo referencia presuntamente a la alcaldesa Nancy Sofía Jattin»
En la Oportunidad ( 30 de julio de 2018) expresaron que «el cuento es que en esa junta que no entendemos como la avalan en Cámara de Comercio en menos de cuarenta días cuando ya existía otra, la conforman entre otros un sobrino de ese exconcejal y su suegro quienes claramente están inhabilitados para participar en convocatorias. Y aunque el señor Altamiranda no aparece o no figura en esa junta todos sabemos que él quiere quedarse con la administración del acueducto con el aval de la ‘Doctora’, que suponemos es la alcaldesa porque él es de su grupo político».
«La mayoría de las personas que están en esa junta no son usuarios suscriptores del acueducto como lo exigen los estatutos, eso los inhabilita aparte de otra razones, pero eso no importó par nada para que la Cámara de Comercio a cargo de Felix Manzur Jattin, familia de la Choffi, acreditara la nueva junta. Eso a nosotros nos deja mucho que pensar porque la Cámara de Comercio certificó antes de los cinco días hábiles como le corresponde por eso pensamos que hay mano politica metida en esta situación más si saben que violaron todos los estatutos «. Agregó la fuente.
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n tal sentido la Cámara de Comercio a cargo de Félix Manzur Jattin el pasado 31 de julio luego de la publicación de La Lengua Caribe expresó que «la Cámara tiene función registral. Explicó además que, «a la primera junta se le registro con menos tiempo que la segunda. Según estatutos quién tenga la mayoría nombra administradores. Ese precepto lo respetan las Cámaras.»
Puntualizó además «nosotros simplemente cumplimos la ley sin ningún estigma político. No estoy en la Cámara por política. Si alguien quiere demandar el proceso efectuado en ese corregimiento bien puede hacerlo. La ley es para cumplirla». Puntualizó.
Luego de lo anterior los pobladores interpusieron un recurso de reposición, interpuesta por los habitantes contra el acto administrativo. Es así como en los próximos días la cámara de comercio deberá pronunciarse oficialmente y manifestarse a cual de las dos planchas registrará como Junta Administradora del acueducto. No obstante, se conoció que aunque oficialmente dicha entidad no se ha pronunciado, sí notificó a la entidad bancaria a través de la cual se manejan las cuentas del acueducto abstenerse de entregar o desembolsar dinero hasta tanto haya una definición. Es decir, que el señor Raúl Altamiranda no podrá ejercer control en la junta que postuló e inscribió pues no es legal.
En la actualidad el acueducto beneficia a mil 40 usuarios del corregimiento La Doctrina, por cuyo consumo deben pagar 12 mil pesos mensuales. De los cuales más del 50% no paga el servicio. Entre ellos el Centro de Salud, el colegio paga lo que quiere según la versión de los pobladores.