Luego de que la Corte emitiera el fallo que obliga la empresa Cerro Matoso repare económicamente a comunidades indígenas y afrodescendientes y de que la empresa de ferroníquel haya hecho una solicitud de nulidada dicho fallo, se conoció el concepto de la Procuraduría enviado a la Corte Constitucional en el que le pide mantener dicha decisión.
A Pesar de que los directivos de la mina argumentan que en la sentencia se modifica la actual jurisprudencia, en lo relacionado con los requisitos que deben cumplir para pagar una indemnización a dichas comunidades, esta decisión se mantiene.
Según el concepto, los cuestionamientos planteados en el escrito de nulidad parecen más bien “apreciaciones de desacuerdo e inconformismo, con valoración probatoria” y debido a la decisión adoptada por la sala de revisión, los cuales jamás podrán constituir causales de nulidad. Por eso, el ente de control advierte que lo pretendido es desligarse de una responsabilidad al atacar la autonomía funcional de la Corte.
Por su parte, las comunidades de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano han venido manifestando en reiteradas en ocasiones que su salud se ha deteriorado debido a los agentes contaminantes de la multinacional explotadora de níquel.
En este sentido, el fallo resalta que hay cierto nivel de níquel en los pobladores vecinos, este hecho podría ser la causa del cáncer que han padecido varios de ellos, al igual que varios trabajadores de la mina que han fallecido.