En el año 2015, inició la construcción de Montana Tower, un edificio que se habría aprobado bajo la administración municipal del entonces alcalde Carlos Eduardo Correa, y el cual estaría violando el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en Montería porque tiene 25 pisos de altura, acción que no es permitida en la ciudad.
La edificación que esta perfilada para personas de estrato alto de la capital cordobesa, pues se encuentra ubicada en la Calle 68 #2-168 del barrio El Recreo, y que cuenta con licencia de construcción de la Curaduría Segunda Urbana de Montería no solo estaría violando la ley, sino que está afectando notoriamente a las viviendas cercanas a este.
Según lo han señalado algunos residentes, la construcción de Montana, ha provocado el deterioro de sus viviendas, causándoles daños estructurales «incalculables» y lo que les causa aún más molestia son las irregularidades que supuestamente existen en la construcción del lujoso edificio, como lo es la violación al espacio público.
Lo anterior fue ratificado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Córdoba, que dando cumplimiento a su papel como veedor de los procesos urbanos de la ciudad, se pronunció al respecto y manifestó su preocupación ante el caso, pues pudieron establecer el incumplimiento de la norma urbana que existe con el edificio en mención, por lo que le pidieron al ente de control urbano revisar el caso de invasión al espacio público.
Ante la situación, ya se han realizado varias denuncias con el fin de darle solución a la problemática y conocer a ciencia cierta cómo los directivos de la asociación que edifica el inmueble, logró conseguir una licencia de construcción para una edificación de 25 pisos, si lo estipulado según la ley solo permite 10.
Lo extraño del caso, es que la Secretaría de Planeación de Montería, se pronunció acerca de la construcción de Montana Tower, asegurando que esa estructura no se encontraba aprobada dentro de las licencias expedidas por la Curaduría Segunda de Montería, por lo que realizaron un reporte técnico que fue remitido a la inspectora segunda de Montería, Margarita Pastrana, para que proceda a sellar la obra tal y como lo estipula el Código Nacional de la Policía.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la inspección y los afectados exigen una pronta solución a la problemática que lleva años sin resolverse.
