La Fiscalía General de la Nación es la única responsable de que la juez Carmen Cecilia Arrieta Burgos haya rechazado el testimonio de 30 personas que iban a participar en el juicio por el crimen del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
El encargado de cumplir los procedimientos legales es el fiscal 48 de derechos humanos, Carlos Pión Mayorga, designado desde Bogotá ante la desconfianza que se había suscitado con los fiscales de Córdoba. Sin embargo, un error u olvido del representante del órgano investigador fue el responsable de que se perdieran valiosos testimonios.
Dentro del proceso iban a entregar su versión los especialistas en medicina legal, para acreditar la muerte de Zapa, personas que compartieron con él antes de su muerte, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones que participaron en el proceso de levantamiento del cadáver
La juez segunda penal se refirió al error procedimental del fiscal especializado, quien pese a conocer el procedimiento de ley, no incluyó a los testigos en la audiencia que se llevó a cabo en el 2015, sino que los presenta, sin justificación alguna de manera extempóránea.
El hecho ha causado suspicacia en Montería, pues algunos abogados, que prefieren omitir su nombre, advierten que ese olvido o error no lo cometen ni los estudiantes de los primeros semestres de derecho.