Un duro cuestionamiento hizo el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, a la medida decretada por la Procuraduría General de la Nación para suspenderlo por un período de tres meses. A pesar de acatarla, la calificó de innecesaria y excesiva.
«Ello constituye una violación al debido proceso», enfatizó el mandatario, asegurando que desde hace varios meses había expresado al mismo ente su impedimento para conocer la investigación que hacía referencia al tema del denominado cartel de la hemofilia y especialmente al pago de una factura por valor cercano a los 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana.
«No tiene asidero el argumento en el que señalan que es para evitar que yo interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a las IPS porque desde el pasado 27 de octubre de 2017 manifesté que estaba impedido para conocer estos hechos y la misma Procuraduría resolvió aceptar el impedimento y comunicar al Ministerio del Interior, con el fin de que designara un gobernador ad hoc», indicó Besaile, tras conocer la decisión del ente de control disciplinario.
Explicó además que la decisión que resolvió el impedimento fue emitida a través de Auto de 9 de noviembre del 2017 y señalaba textualmente “siendo que el doctor Edwin Besaile Fayad, ostenta y ejerce actualmente el cargo de gobernador del departamento de Córdoba, máxima autoridad administrativa del departamento…”, “Esta labor sin lugar a dudas debe ser ejercida por personas desprovistas de cualquier clase de interés, de forma que se garantice a plenitud la imparcialidad y transparencia y por ello se ha decidido aceptar el impedimento formulado por el doctor Edwin Besaile para actuar como gobernador de Córdoba”.
Insiste en que si ya se había separado del cargo desde noviembre del año anterior, concretamente en lo relacionado con el conocimiento de dicho, la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva.
Con relación a la designación del gobernador ad hoc para este caso, dijo que la misma se encontraba en trámite de designación desde hace más de dos meses en el Ministerio del Interior sin que se haya resuelto.
Aún no ha sido notificado
El mandatario seccional dijo que se había enterado de la decisión de la Procuraduría a través del comunicado oficial que subieron a la página web, pero que aún no había sido notificado personalmente.
Sostuvo que una vez sea notificada la decisión, se ejercerá la defensa legal con el fin de desmostrar que no ha existido falta disciplinaria alguna por su parte, reiterando que tiene todo el material probatorio para desvirtuar las declaraciones de tipo retaliativo que han sido publicadas recientemente en los medios de comunicación.
«Espero que los órganos de control garanticen el debido proceso y el derecho de defensa tal y como se le han brindado a los verdaderos responsables de los hechos investigados», puntualizó.
Por su parte, el procurador Fernando Carrillo insiste en que tiene suficientes elementos de juicio para ordenar la suspensión del mandatario de los cordobeses y no sería solo por el tema del cartel de la hemofilia.
Indicó que habían encontrado irregularidades en algunos convenios, que con la plata de la corrupción estaban financiando las campañas y que tiene elementos incluso para decretar una inhabilidad.