Nuevamente, Edwin Besaile, gobernador de Córdoba, se ve envuelto en escándalos de corrupción, toda vez que la Procuraduría decidió volverlo a suspender.
Cuando ya todos creían que el suspendido gobernador iba a retomar sus labores como mandatario del departamento, un viejo fantasma reapareció e hizo que el Ministerio Público le impusiera otra suspensión por tres meses.
Se trata de otra investigación que se adelanta en su contra, esta vez por la presunta terminación irregular de un convenio de cooperación en 2013. En este caso, según la Procuraduría, habrían sido varias las irregularidades cometidas por Besaile.
Los hechos se remontan al 9 de junio de 2016, cuando Kalil Petro Sakr, representante legal de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia George Dahl informó que el gobernador Besaile “de manera inmotivada solicitó la suspensión unilateral del Convenio Especial de Cooperación 735-2013”, el cual se pactó entre el departamento y la fundación por $14.000 millones y tenia como objetivo investigar los “recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano”.
Con el argumento de que se debían “proteger los intereses de toda la comunidad cordobesa porque, ante los incumplimientos reiterados del cooperante, no se podía disfrutar de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas que se debían garantizar”, Besaile terminó el contrato en mayo de 2016.
No obstante, el proyecto tenía un avance del 48,9 % de ejecución e incluso estaba previsto que finalizaría antes de lo pactado. La fecha de terminación del proyecto estaba fijada para febrero de este año, es decir, aún quedaban dos años para finalizar el 51,1 % restante.
En este sentido, George Dahl, manifestó que se exigieron “cuantiosas inversiones en áreas de apoyo científico (laboratorios), mejoramientos, contratación de investigadores especializados y logística administrativa. El propósito era atender a la población piscícola experimental de más de diez toneladas, sobre todo la que corresponde al Libro rojo de especies amenazadas”.
Pese a las advertencias que se hicieron al gobernador Edwin Besaile, mantuvo la decisión de terminar el convenio, “truncando un proceso que ha demandado la inversión de cuantiosos recursos del erario que se perderían en su totalidad (…), dada la naturaleza de la labor contratada, ocasionando grave detrimento patrimonial al Estado, sin contar con los perjuicios que se podrían también causar a la fundación”, manifestó en su momento la entidad referida al gobernador de Córdoba.
La suspensión del convenio se dio para hacer efectiva una cláusula penal de incumplimiento por más de $2.800 millones “sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la Gobernación”. Lo anterior, según la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
Por otra parte, las declaraciones del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, las cuales rindió a la Procuraduría el 7 de septiembre del año pasado, no solo tienen en la mira al hoy suspendido gobernador sino también a varios funcionarios públicos.