Los últimos hechos que han ocurrido en el país han demostrado que los entes encargados de investigar obedecen a intereses económicos y políticos, razón por la cual causó suspicacia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidiera archivar la investigación que adelantaba por parapolítica en contra de la senadora conservadora Nora García Burgos.
En Córdoba, sus adversarios se atrevieron a señalar que ello formaba parte de los acuerdos que había suscrito su casa política con el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Sin embargo, las influencias de Vargas son evidentes en la Fiscalía, mas no en la Corte.
Como se recordará, la investigación en contra de la senadora se inició luego de una denuncia anónima que la relacionaba con supuestos nexos con las Autodefensas paras las elecciones del año 2006, cuando fue compañera de fórmula del senador Miguel Alfonso de la Espriella, quien reconoció públicamente que se había aliado con los paramilitares.
En ese momento se rumoró en Montería que Nora García había estado en Sata Fe Ralito, retaguardia de los paramilitares, celebrando los resultados de las elecciones y que había departido en la casa del entonces comandante 008 que ejercía control en la zona.
Se supo así mismo que a la dirigente política la estaban amenazando con la existencia de unas fotografías en la misma celebración a la que habría llegado el entonces comandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez.
La Corte señaló que había practicado una serie de pruebas y descartó continuar el proceso en contra de García Burgos, al no encontrar mérito en la denuncia.
El escrito anónimo también señalaba que la dirigente conservadora había había recibido 400 millones de pesos por parte de Mancuso, pero esta acusación tampoco pudo ser probada, razón por la cual se abstendrán de seguir con el proceso que la había mantenido en vilo.