Luego que el senador preso por el cartel de la toga, Musa Besaile Fayad rindiera declaraciones ayer ante la Corte Suprema en medio de un proceso de colaboración con la justicia, y sin tapujos destapara la forma, cómo y porqué, él y varios políticos recibieron de parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el manejo de entidades e institutos como pago por los votos aportados para su reelección, hoy la sala penal del alto tribunal suspendió dicho proceso de colaboración .
Según el presidente de la Sala, el magistrado Luis Antonio Hernández, lo revelado ayer por el excongresista se filtró, lo que según fuentes del alto Tribumal «con la filtración de esta información se rompió el pacto de confidencialidad que se había firmado con Musa Besaile y su defensa».
Precisamente dicho acuerdo buscaba proteger todo el proceso de negociación, ya que con la información revelada se iban a adelantar otras investigaciones.
El magistrado Hernández además ordenó investigar quién filtró las investigaciones, pues llama la atención que estas no se encontraban en documentos físicos sino que se guardaban en un computador en el alto tribunal. Ahí reposaban todas las declaraciones de Besaile y muy pocas personas tenían acceso al mismo.
Como se sabe el exsenador Musa Besaile en su declaración dijo que desde el año 2010, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos empezó a manejar la llamada “mermelada”: una “mermelada” burocrática y una “mermelada” de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios. afirmó además que esta además fluía entre el Gobierno y el Congreso.
En tal sentido aseguró que todo se pactaba en el Palacio de Nariño, en reuniones con los congresistas.
Mencionó a Germán Chica (2010), ex alto consejero para los Asuntos Políticos de Santos y Luis Miguel Pico (2014), ex viceministro de Agricultura involucrado en el caso Odebrecht.
Sin tapujos agregó que el Gobierno de Juan Manuel Santos calificaba a cada congresista según su importancia electoral. Las entidades también tenían una categoría que funcionaban así: Entre los institutos clase A se encontraba el ICBF; entre los clase B se encontraban el Incoder, ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), DPS (Departamento para la Prosperidad Social), Invías y Banco Agrario; en la clase C, la Dian, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y 4-72.
Por ese motivo en el año 2010 cuando obtuvo una votación «normal» no fue bien calificado, y le correspondió el Incoder y el ICA, en sus regionales de Córdoba.
Dijo que en diciembre del 2013, cuando él era presidente de la Comisión IV de Senado, se enteró que para contar con el apoyo de varios congresistas del Partido Conservador, el gobierno de Juan Manuel Santos le entregó el ICA al senador Efraín Cepeda y el Incoder al senador Hernán Andrade. Si era reelegido presidente los mantendría allí. Obviamente la entrega de los institutos era para obtener a otros congresistas conservadores y hacerlos votar con el gobierno.
El exsenador confesó ante la Corte Suprema de Justicia que por la alta votación que obtuvieron en el 2014, él y el exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, el Gobierno les pagó con Fonade, aunque él intentó que le fueran entregados otros institutos de otro nivel, sin embargo se lo negaron.
Dijo que como fue que a él y a su socio “Ñoño” Elías, el Gobierno les repartió cuotas burocráticas en todos los departamentos donde obtuvo buena votación durante su reelección del 2014, en cuya lista aparecen los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena así:
CÓRDOBA
Sena regional Córdoba: Sara Piedrahita Lyons
Subdirección agropecuaria del Sena e Incoder Córdoba: David Barguil
Instituto Colombiano Agropecuario: Yamina Pestana
SUCRE
Icbf e Ica Sucre: Nicolás Guerrera
ANTIOQUIA
Sena de Caucasia: Julián Bedoya
ANTIOQUIA Y MAGDALENA
En este punto Besaile no precisó cuáles eran para cada quien, pero dijo que por ser de alto rango, toda la burocracia tenía que repartirse entre José David Name, Roberto Gerlein y Efraín Cepeda.