Funcionarios de la Registraduría le pasaban las bases de datos de los votantes a la supuesta organización criminal de Aída Merlano para que ésta pudiera controlar los votos comprados, así lo informó el fiscal 37 Anticorrupción de Bogotá, Joseph Berdugo.
El investigador indicó que «esta organización contaba con un departamento de sistemas, con Jefferson Viloria y Edwin Martínez, quienes cumplían la función en asocio con Sara Jiménez, para contactar a los funcionarios de la Registraduría para tener la base de datos de los votantes. (…) A Jiménez le pasaban de forma irregular las bases de datos en la Registraduría previo a la publicación oficial, para aglomerar a votantes en puestos de votación específicos y tener mayor control»
Dichos funcionarios, quienes están siendo investigados en Barranquilla, les entregaban de manera ilegal estas bases de datos y así la presunta organización criminal pudiera cambiar de puestos de votación a sus votantes y que los lideres pudieran controlas esos puestos de votación.
La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en contra de los Hermanos Sara Luz y Carlos Jiménez, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado.
El fiscal del caso indicó que la investigación se inició por el allanamiento del 11 de marzo pasado a la sede política de la representante Aída Merlano, «donde existía una presunta organización criminal que funcionaba desde las elecciones de 2015, para elegir concejales de Barranquilla y diputados del Atlántico (…), entre los que se encontraban Margarita Ballén, Aissar Castro y Lilibeth Llinás».