La Corte Constitucional aseguró que la captura de Jesús Santrich fue legal debido a que la Fiscalía es la autoridad indicada para detener a un ciudadano pedido en extradición y la JEP no tiene esa función.
En este sentido la Corte determinó que a la Justicia Especial para la Paz, es quien debe definir la fecha de ocurrencia de los hechos por los que fue pedido en extradición, tal y como lo dice el artículo 19 del acto legislativo.
«Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la sección de revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado», dice el acto legislativo.
Por tanto, La JEP deberá establecer si los delitos fueron antes o después de la firma del acuerdo de paz.
En el caso de hayan sido antes, Santrich seguiría sometido a la JEP, de lo contrario, si los delitos fueron cometidos después del acuerdo, Santrich deberá someterse a la justicia ordinaria y podría ser extraditado a los Estados Unidos.