Este domingo 26 de agosto los colombianos tendrán la oportunidad de acudir a las urnas para votar sí o no por los siete mandatos que contempla la denominada Consulta Anticorrupción impulsada por las congresistas Angélica Lozano y Claudia López.
Una iniciativa que recogió más de cuatro millones quinientas mil firmas entre enero y julio de 2017 y que logró el aval de conveniencia por parte de la plenaria del Senado con una votación unánime de 84 votos a favor y cero en contra.
Pero, ¿qué está en juego con la Consulta Anticorrupción?
Más de año y medio después de ser propuesta por primera vez, la consulta popular anticorrupción se convirtió en una realidad y fue convocada por decreto presidencial para este 26 de agosto.
Se trata de una iniciativa ciudadana a través de la cual los colombianos tendrán la oportunidad de votar sí o no a una serie de medidas que buscan evitar la corrupción y sancionar a los políticos y contratistas que incurran en prácticas fraudulentas.
Aunque la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana fue estipulada en la constitución de 1991, esta es la primera vez que será utilizada a nivel nacional. Ya se ha empleado en consultas locales como las que se han realizado en contra de la explotación minera en municipios como Cajamarca, Tolima o en Pijao Quindío.
En esta ocasión hay que tener en cuenta que aunque se puede votar en todo el país y también en los consulados en el exterior, no hay una nueva inscripción de cédulas y los colombianos deberán votar en el mismo puesto en el que lo hicieron para las elecciones presidenciales 2018.
Los votantes encontrarán un tarjetón con siete preguntas a las que deberán responder sí o no, y que buscan entre otras cosas eliminar el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción, tener plego tipo para toda clase de contratación, vigilar el presupuesto participativo a través de audiencias públicas, acabar con la contratación a dedo, obligar a los altos funcionarios a que rindan cuentas de su gestión y de sus ingresos personales y limitar hasta máximo tres periodos el tiempo de permanencia en las corporaciones públicas.
Uno de los mandatos más polémicos de esta consulta es el que busca reducir el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos legales, es decir de 31 millones 249 mil a 25, es decir, 19 millones 532 mil, y además fijar esa tasa como tope para los funcionarios públicos.
La gran batalla que deberá librar la consulta es contra la abstención, pues para que tenga efecto requerirá la participación de por lo menos el 33% del censo electoral que corresponde a más de 12 millones de sufragios.
Y para que los siete puntos sean de estricto cumplimiento se necesitan por lo menos 6 millones 130 mil apoyos para cada una de las preguntas, por eso la campaña para invitar a los colombianos a votar está basada en la premisa ‘Siete veces sí’ teniendo en cuenta que hay que evitar que existan preguntas con una gran cantidad de votos y otras que por el contrario no alcancen el umbral y no sean aprobadas.
En caso de que la consulta obtenga la participación necesaria, los mandatos serán de obligatorio cumplimiento por parte del estado. Además, la implementación y expedición de las leyes, por ejemplo para reducir el salario de congresistas se deberá realizar en máximo un año.
De acuerdo con la senadora Claudia López, una de las principales promotoras de la iniciativa la Registraduría certificó 310 mil millones de pesos para realizar la consulta anticorrupción, un proceso que según el mismo registrador, Juan Carlos Galindo, es incluso más complejo que el de las elecciones presidenciales, pues en el fondo se van a consultar siete preguntas y cada una de ellas tiene que ser verificada y certificada para que cumpla con los requisitos de la ley.