Sin justificación o explicación alguna las autoridades en Montería han omitido la sentencia policial que ordena el desalojo de un predio de más de 6 mil metros cuadrados de terrenos, ubicado en la calle 41, número 25-140 contiguo al nuevo centro comercial Nuestro, al sur de Montería.
De manera flagrante los terrenos fueron ocupados a mediados de diciembre de 2015, por los señores Freddy y Jairo Puello Sánchez, Arnulfo Betancourt y personas indeterminadas, según la denuncia que reposa en la Resolución número 014 de la Inspección Primera Urbana de la Policía Municipal de Montería de marzo 28 de 2017.
Las diligencias por recuperar y lograr el desalojo de dichos terrenos se convirtió para los verdaderos propietarios, que heredaron el bien inmueble de su difunto padre Antonio Navarro Tirado, las hermanas, Mónica Rosa, Liliana Margarita, Martha Ligia, Claudia Patricia, y Marcela Inés Navarro Cardona en una verdadera odisea que aún no termina, porque las autoridades, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, Secretaría de Gobierno municipal a cargo de Salín Ghisays Martínez, La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional de Córdoba a cargo de Nicolás Barguil Flórez, La Policía Metropolitana de Montería a cargo del coronel Carlos Humberto Rojas Pabón entre muchas otras no han actuado y por el contrario han dilatado el desalojo.
Facsímil del Certificado de Tradición y Libertad, que acredita la propiedad de las hermanas Navarro Cardona sobre el predio ubicado en la calle 41, número 25-140 contiguo al nuevo centro comercial Nuestro, al sur de Montería.
Después de un año y medio de trámites, solicitudes y la incansable insistencia de los afectados pidiendo justicia y acompañamiento de las autoridades, un año y medio después la Inspección Primera Urbana de Policía Municipal, a cargo de Margarita Pastrana emitió la sentencia de desalojo, el pasado 28 de marzo de este año, pero curiosamente la funcionaria no le dio cumplimiento es decir, no hizo el desalojo que ella misma había autorizado, para lo cual requería el acompañamiento de las autoridades de policía. Siete meses después, el pasado mes de octubre de este mismo año adujo haber sido amenazada de muerte y se declaró impedida para adelantar dicha diligencia.
De nada sirvieron los ires y venires de los afectados en cada una de las instancias o autoridades. Los dos años tocando puertas para restablecer su derecho a la propiedad y tenencia del predio solo se traduce según ellos en una «burla» de las mismas, porque literalmente todos «se tiran la pelotica» y nadie se atreve a realizar el desalojo, mientras tantos las pérdidas económicas por no poder usufructuar el predio desde que fue invadido son millonarias.
En contraste los invasores sí pusieron a funcionar negocios una vez perturbaron el lote, como un vivero, parqueadero, serviteca y hasta venta de gasolina al parecer sin el lleno de los requisitos legales, ante la inoperancia de las autoridades. Por lo cual las hermanas Navarro Cardona solicitaron nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, antes que el desalojo la secretaria de Gobierno solo ordenó el sellamiento de los negocios.
«Como no le dieron cumplimiento al desalojo la secretaria de Gobierno a cargo de Salín Ghisays Martínez, y la misma Inspección a cargo de Margarita Pastrana solo sellaron el terreno y los negocios que allí funcionaban, esto ha ocurrido dos veces en marzo y junio de este año, pero los invasores apenas se van los funcionarios vuelven a reabrir los negocios, no entiendo cómo es que ellos no se percatan de lo que está ocurriendo cuando entendemos que el segundo sellamiento es definitivo» Señaló una de las afectadas.
A pesar que los negocios que funcionan ahora dentro del predio fueron sellados definitivamente, los perturbadores del terreno, nuevamente los reabrieron y funcionan normalmente, sin que La Secretaría de Gobierno haga cumplir las leyes.
La situación se ha tornado grave ya que las reclamantes también fueron amenazadas de muerte ante la «vista gorda» de las autoridades, por lo que ahora se preguntan ¿Por qué la omisión tanto del alcalde como primera autoridad del municipio, como de la Secretaria de Gobierno, ¿La Procuraduría que ni siquiera ha respondido a la solicitud de vigilancia del proceso, y la misma policía entre otros?
Para los afectados la respuesta puede centrarse en intereses particulares ya que con sorpresa evidenciaron hasta el parqueo de varias patrullas de la policía en el lugar.
En el predio perturbado hasta patrullas de la policía permanecieron parqueados durante el mes de marzo de este año.
«La policía nos contestó con un oficio número 1469 84 el pasado 20 de septiembre de este año donde señala el Coronel Carlos Humberto Rojas Pabón que «este comando de Metropolitana no tiene competencia para actuar dentro de los parámetros legales ya que dicha situación debe resolverse vía judicial, mediante un proceso vía administrativa realizado por una de las inspecciones urbanas de policía del municipio de Montería…SIC».
Lo que entiendo es que le toca a la alcaldía y a la secretaria de Gobierno ordenar dicho desalojo y la policía hace un acompañamiento, pero como la inspectora se declaró impedida ese tiempo adelantado en el proceso se perdió porque ahora ninguno de los inspectores quiere hacer el desalojo» señaló la fuente.
Ahora las hermanas Navarro Cardona se preguntan ¿quién manda en Montería?, ¿quién o quiénes son las autoridades a quienes tienen que dirigirse para hacer valer sus derechos? Porque está probado que en el caso de ellas falta voluntad y gestión administrativa.
“Nos sentimos vulneradas, maltratadas, humilladas, porque ante una clara violación de nuestros derechos, las autoridades no han actuado. Hemos sido afectado por la demora en la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes pero hasta el dia de hoy lasas siguen igual, no han hecho nada, pero sí han sido permisivos con la violación de nuestros derechos”. Finalizó la fuente.
Es una pena que la que se hace llamar autoridad no haga cumplir su palabra