La Contraloría abrió juicio de responsabilidad fiscal en contra del actual gobernador Edwin Besaile Fayad, por el presunto detrimento patrimonial por más de 4 mil millones de pesos, de los recursos de regalías.
Aunque el proyecto de investigación sobre el Corredor Agroecológico Caribeño Córdoba- La Guajira en la cuenca del río Sinú fue firmado y aprobado por el entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus en el año 2013, fue en la actual administración de Besaile Fayad donde se realizó y pagó parte de la ejecución de dicho proyecto.Así las cosas la Contraloría General de la Nación estableció que de los recursos de regalías destinados para Ciencia y Tecnología hubo un detrimento patrimonial de 4 mil 50 millones de pesos.
Estableció el ente controlador que el exgobernador Lyons Muskus, el gobernador actual Edwin Besaile, los jefes de planeación de ambas administraciones y los representantes de tres corporaciones con quienes firmaron un contrato para la ejecución del proyecto también deberán ser investigados, en el caso de estos últimos porque subcontrataron los trabajos con más de treinta organizaciones que no llenaban los requisitos y no cumplieron los objetivos.
Se conoció que a dichas organizaciones les pagaron por debajo de los montos presupuestados. Así mismo estableció la Contraloría que fue tal la «feria» de los recursos que los terceros, también subcontrataron los trabajos, tal es el caso del contrato firmado con la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca por 7 mil 380 millones de pesos, la cual habría pagado a las entidades subcontratadas solo 4 mil 600 millones de pesos, en este solo caso se presentó un detrimento de 2 mil 780 millones.
La Universidad Francisco José de Caldas también fue vinculada a las investigaciones ya que ella tenía a su cargo la interventoría del proyecto.
Como se sabe de acuerdo con las autoridades el desfalco asciende a los 30.000 millones de pesos que debían destinarse para crear proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Córdoba. Precisamente la Contraloría encontró que la administración de Lyons giró millonarios recursos a cinco cooperantes para realizar los proyectos: la Universidad del Sinú, la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, la Corporación de Áreas Naturales Protegidas, la Corporación de Investigación y Fomento Forestal y la Fundación George Dahl. Quienes subcontrataron la mayoría de actividades a una empresa creada tan solo 6 meses antes de que se iniciara el contrato.
Se trata de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), cuyo representante legal, Jesús Henao Sarmiento, quien fue capturado y señalado como autor intelectual de la desaparición y asesinato de Zapa. La mayoría de recursos que llegaron a su corporación se perdieron, y la empresa fue liquidada siete meses después de empezar el contrato.
Entre el 2012 y el 2015, el Fondo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional recibió recursos por 3,3 billones de pesos, pero solo se usaron 2,2 billones para 271 proyectos. La Contraloría ha detectado que ese fondo no se está usando de manera eficaz, lo que lleva a que “se desvíen recursos del cumplimiento de su cometido”. Uno de los problemas es que las decisiones sobre su uso dependen de gobernantes locales, que muchas veces son de municipios con las mayores falencias en capacidades científicas.
Gobernador aseguró que evitó detrimento
Curiosamente el gobernador Edwin Besaile a finales del mes de enero de este año 2017, aseguró que evitó el pago de 24.400 millones de pesos con la suspensión de los convenios de ciencia y tecnología que se habían suscrito con distintas entidades del orden nacional, además de la recuperación de 13.937 millones de pesos por parte de las aseguradoras, precisamente en lo concerniente a los recursos de regalías.
Dijo que había suspendido el convenio 734 de 2013, mediante la resolución 002 del 15 de diciembre del 2016, sostenido con la fundación Áreas Naturales Protegidas (ANP) y con la Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal (CONIF), cuyo objeto era una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño Córdoba – La Guajira, en la Cuenca del Río Sinú, por 51 mil millones de pesos con lo que la aseguradora debía cancelar al Departamento 9 mil 512 millones de pesos.
«Con esta decisión se evitó pagar a las entidades con las cuales se tenía el convenio, la suma de 17. 969 millones de pesos», señaló el mandatario en ese entonces.