Por incurrir en un incidente de desacato tras una un fallo de tutela, el Juzgado Primero Penal de Montería, ordenó cinco días de arresto contra el profesor de la universidad de Córdoba, Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa.
Como se recordara el Juzgado falló una acción de tutela a favor del rector de dicha universidad Jairo Torres Oviedo quien en el mes de agosto tuteló sus derechos al buen nombre y a su honra amparándose en varias sentencias de la Corte Constitucional. Luego que el profesor Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa publicara en el mes de julio de este año, en sus cuentas de twitter y facebook comentarios acerca del rector, en los cuestionó el actuar del rector Torres Oviedo, tildándolo de ilegal, corrupto y comparándolo con personajes del ámbito político investigados por hechos de corrupción.
En tal sentido El juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes, en sentencia de segunda instancia le ordenó al profesor Cogollo Pitalúa “retirar del muro de su perfil en facebook y twitter, las publicaciones realizadas contra el rector de dicha universidad Jairo Miguel Torres Oviedo», al considerar que en efecto hubo una vulneración del derecho fundamental a la honra y buen nombre del rector de la universidad de Córdoba.
El fallo también le ordena a Cogollo Pitalúa presentar disculpas por la afectación causada, en una publicación que debería estar habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso a la primera publicación, y durante un lapso igual al que permaneció publicada.
Torres Oviedo por su parte en la oportunidad consideró el fallo marca un precedente en el departamento de Córdoba, para el uso responsable de la redes sociales y los medios de comunicación, dijo que estos tiene como función recrear, informar y educar, y no deben utilizarse para ofender y dañar la honra y el buen nombre de las personas.
Dicho fallo fue proferido el pasado mes de septiembre, sin embargo ante la negativa del profesor de retractarse, el Juzgado consideró que incurrió en un incidente de desacato por lo que le ordenó cinco dias de arresto y la cancelación de un salario mínimo legal vigente.
