Seis de los 19 cabildantes del Concejo de Montería tienen deudas pendientes con el Tránsito, y alguno de ellos, están en la etapa de cobro coactivo. La información se dio a conocer a través de la página del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito, Simit.
Estas figuras públicas quienes deberían ser un ejemplo para la sociedad, adeudan una suma de casi 13 millones de pesos, en su mayoría, por parquear en sitios prohibidos y conducir en estado de embriaguez.
Los concejales quienes tienen deudas con el Tránsito son: Carlos Alberto Zapata, Aldrin Pinedo, Gustavo Negrete Bonilla, William Fernando Godín, Emiliano Pastor Álvarez y Alexander Madrid Botero.
Infracciones de los Concejales
El concejal Emiliano Pastor Álvarez es el que presenta la mayor cantidad de infracciones y tiene una deuda total de 8 millones 866 mil 805 pesos, por seis faltas cometidas desde el año 2008.
Las infracciones que Pastor Álvarez ha cometido son por no utilizar cinturón de seguridad, manejar en estado de embriaguez, no informar a las autoridades del cambio de color de su vehículo y por no realizar la técnico mecánica al mismo. Así como también, manejar vehículos con la licencia de conducir vencida. Todas estas infracciones están en cobro coactivo.
El segundo lugar lo ocupa el concejal Gustavo Negrete Bonilla, quien tiene una deuda de un millón 526 mil 287 pesos, luego del comparendo que le colocaron en noviembre del año 2016. El sistema anuncia que es por incumplimiento, pero no dan la información exacta de dicha infracción.
William Fernando Godín, ocupa el tercer puesto con una deuda de 693 mil 796 pesos, comparendo que le hicieron por estacionar su camioneta en un sitio prohibido y por infringir normas de tránsito.
Por otra parte, el cabildante Alexander Madrid Botero debe pagar 502 mil 829 pesos y Carlos Alberto Zapata adeuda 409 mil 794 pesos, ambos por estacionar su vehículo en zonas prohibidas.
Por último y no menos importante, se encuentra el concejal Aldrin Pinedo Sánchez, con una multa de 368 mil 870 pesos por conducir el vehículo a una velocidad superior a la máxima que se le era permitida.