Un Alcalde que gaste más de lo que su proyección de ingreso ajustada le permite y genere déficit, que no pague el servicio de la deuda y que viole los topes de ley 617 de 2000: está castigando a su pueblo.
Por Orlando Benítez Mora.
Gobernar un territorio es un acto de responsabilidad, que lleva de forma implícita la planificación de las acciones en su respectiva circunscripción. Se trata del camino a través del cual con una adecuada interpretación del contexto, el diagnóstico preciso de los problemas y la priorización de los mismos se diseñan las respuestas a esas carencias o se potencializan oportunidades con base en los recursos disponibles.
El papel del presupuesto, como herramienta complementaria del Plan de Desarrollo, y el manejo racional de las finanzas públicas, deben apuntar hacia la expresión de los programas del ente territorial (o institución) y no simplemente como el cálculo de rentas y gastos probables de una administración. La construcción, presentación y ejecución del presupuesto son factores influyentes en gran medida de la dirección administrativa, de la evaluación de gestión y del planeamiento de futuras acciones de gobierno. Si la planeación comúnmente es denominada como la carta de navegación de un gerente, el presupuesto es el combustible que tiene para navegar y así poder seguir la ruta y alcanzar la meta.
Es precisamente el carácter de la escasez de los recursos un elemento imperativo que ayudó a incluir dentro del manejo racional del Estado el concepto de administración de la política y a las reformas institucionales, conllevándolo a la regulación y promoción de libertades. Por ejemplo, La ley 617 de 2000 habla sobre la racionalización del gasto público y La ley 358 de 1997 habla sobre el endeudamiento territorial, muchas veces, normas ignoradas por los ejecutivos y directores locales, por acciones erradas, desconocimiento u omisión.
Según la Contraloría de Córdoba, quien rindió cuentas ante la Asamblea departamental y presentó los resultados de las auditorías realizadas en 2016 sobre la vigencia fiscal 2015 de las 29 Alcaldías (El Municipio de Montería no es de su competencia), en 4 hospitales departamentales, Camus y demás sujetos de control fiscal de su competencia, hubo incumplimiento en el manejo de los gastos de funcionamiento, compromisos de deuda publica pendientes y resultados presupuestales con situación de déficit a corte de diciembre 31 de 2015 en varias instituciones revisadas.
El resultado presupuestal de la vigencia 2015 fue deficitario en quince Alcaldías, esto significa que los siguientes mandatarios locales, los cuales culminaron su mandato el 31 de diciembre de 2015, entregaron el saldo negativo a sus sucesores: Buenavista, Chimá, Chinú, Ciénaga De Oro, La Apartada, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Antero, San Bernardo, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Tuchín. En palabras simples: gastaron más de lo que tenían presupuestado.
La ley 617 de 2000 establece entre otras cosas, el porcentaje máximo de ingresos corrientes de libre destinación (en adelante ICLD) que pueden ser gastados en funcionamiento. Para los 29 Municipios de sexta categoría en Córdoba (con excepción de montería que es categoría segunda) es permitido utilizar hasta el 80% de estos. Según la Contraloría de Córdoba en 2015, seis Municipios violaron los topes de esta ley así: San Bernardo 153%, San Carlos 135%, Cotorra 90%, Puerto Escondido 89%, Planeta Rica 87% y San Antero 84%. Sorprende como el primero y el segundo, además de incumplir lo estipulado en la norma citada, sobrepasa en ejecución del gasto de funcionamiento los ICLD proyectados, es decir, por cada cien pesos que les entraba por este rubro, se podían gastar máximo 80 pesos y se gastaron en funcionamiento 153 y 135 respectivamente.
Cuenta el informe de la contraloría que también en 2015 cinco Municipios incumplieron con sus obligaciones en el servicio de la deuda pública, esto significa que no amortizaron ni pagaron intereses en sus compromisos financieros. Ellos fueron: Momil, San Bernardo, San Andrés, San Carlos y San Pelayo.
En algunos Hospitales Departamentales la situación fiscal, según la auditoria de 2016 no es muy alentadora. El hospital San Jerónimo de Montería presentó a 31 de diciembre de 2015 un déficit de 28.255.578.949 (veinte ocho mil doscientos cincuenta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos), el Hospital San Diego de Cereté arrojó para la misma fecha un saldo negativo de 8.154.880.000 (ocho mil ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil pesos). En el Hospital San Juan de Sahagún se halló un déficit de 4.029.574 (cuatro millones veintinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos) y solamente el Hospital San Vicente de Paul de Lorica presentó superávit por valor de 2.609.185.000 (dos mil seiscientos nueve millones ciento ochenta y cinco mil pesos).
Pareciera ser que en el Departamento y en general en la administración pública, la planificación y la elaboración de un presupuesto ajustado a la realidad es una asignatura pendiente por pasar y en la cual los mandatarios locales y gerentes públicos se están rajando. Si el pueblo prestara atención a las evaluaciones de los gobernantes y de los gerentes que administran recursos públicos en el presente, sobre sus actuaciones pasadas, podrían tomar mejores decisiones a futuro, en las elecciones posteriores y en el ejercicio del control social.
En Córdoba y en el País es común escuchar que los Municipios están en déficit, que los hospitales están intervenidos, que los entes territoriales se encuentran en ley 550, que no hay recursos para pagar. Resulta extraño que muchas veces no se conozca qué significa eso por parte de la comunidad. ¿Cuantos ciudadanos conocen el presupuesto de su municipio?, ¿cuantas personas conocen el presupuesto de los hospitales?, ¿cuantos habitantes conocen el presupuesto del departamento? Y de las demás instituciones públicas? ¿Está fallando nuestro sistema educativo al no ilustrar a los individuos en los asuntos públicos?, ¿falla el ciudadano por no informarse bien?, ¿falla el administrador público por no ejercer responsablemente su labor?, ¿se equivocan los órganos de control por desconocer muchas veces presuntos manejos irregulares con posibles implicaciones penales, disciplinarias o fiscales?, ¿falla el ciudadano por no denunciar?
Es muy frecuente que algunos burgomaestres cuando aún son candidatos desconocen la real situación integral de la entidad territorial que aspiran gobernar, y prometen en su programa de gobierno hasta lo imposible, probablemente sea necesario pero financieramente puede ser inviable, no obstante, la mentira en campaña y las promesas poco probables de materializar pueden generar puntos de inflexión en la opinión popular y le terminan ganando a la misma verdad, aunque después se caiga. La gente cuando escuche una propuesta populista debe preguntarle a su autor: ¿Cuál problema soluciona?, ¿Cuánto cuesta? Y ¿Cómo lo va a financiar?.
Las corporaciones públicas, Las veedurías ciudadanas, las juntas de acción comunal y el pueblo en general son en teoría piezas clave para evitar la corrupción y el incumplimiento; lamentablemente en la práctica, el número de estas que opera con independencia y conocimiento son pocas, por la desinformación o por la manipulación.
Algunos creen que gobernar es solo ejecutar un presupuesto y desconocen que se trata de transformar un territorio, de resolver problemas y de lograr que la gente viva mejor. Cuando no se planifica con responsabilidad, no se presupuesta con base a la realidad y no se respetan las normas, lo que se obtiene es un ente territorial sin norte claro, endeudado e insatisfecho.