La juez 40 de control de garantías solicitó una hora para tomar la decisión final en torno al caso que le siguen al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y al consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa.
La funcionaria está analizando cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía, entre las que figuran unas interceptaciones telefónicas hechas a ambas funcionarios. Sin embargo, los abogados Iván Cancino y Andrés Garzón, pidieron que las mismas fueran excluidas del proceso, aduciendo que se habían hecho de manera ilegal.
Los imputados salieron de la sala de audiencia y han señalado que están tranquilos porque aportaron las pruebas que señalan que ellos no cometieron irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora.
La decisión de la juez ha generado una de las mayores expectativas en esta sección del país. A esta hora amigos y familiares de ambos funcionarios hacen cadenas de oración con el fin de pedir a Dios que la decisión de la juez sea dejarlos en libertad para que continúen con sus roles en el Municipio y en Presidencia.
Como se recordará la Fiscalía y la Procuraduría pidieron que los funcionarios fueran enviados a la cárcel por presuntas irregularidades en el contrato que tuvo un costo de 12.500 millones de pesos y que fue entregado cinco años después de lo pactado.